
Por: Vanessa Davies
LAS RAÍCES
¿Cuándo empezó lo que conocemos como "el conflicto en Colombia"? Posiblemente con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en abril de 1948. Gaitán nació en 1898. Se convirtió en dirigente del Partido Liberal y en un hombre amado por su pueblo. Un abogado y político que denunció la violencia de la oligarquía contra los sectores más humildes del país, y que criticó la injusta distribución de la tierra.
En 1948, en una arenga dirigida al entonces presidente de Colombia, Mariano Ospina, el dirigente Jorge Eliécer Gaitán pidió impedir la violencia. Este fue parte de su discurso: "Queremos la defensa de la vida humana, que es lo que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del pueblo de Colombia". Gaitán dijo estas palabras en una multitudinaria manifestación en Bogotá, en febrero de 1948. Dos meses después, era asesinado. El crimen provocó una revuelta popular de tal magnitud, que pasó a la historia como El Bogotazo. Gloria, la hija de Jorge Eliécer Gaitán, asegura que el asesinato fue planificado por la CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, para cortar de cuajo su liderazgo revolucionario.
LAS FARC
A partir de 1948, el gobierno encabezado por Mariano Ospina empezó a armar a los sectores conservadores. Estos sectores, junto con la policía, arremetieron contra las y los militantes del Partido Liberal, en lo que ha sido calificado como un verdadero genocidio. El pueblo, en respuesta a la situación de injusticia, se organizó en grupos de resistencia. Esta es la primera etapa de la lucha guerrillera.
En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla decreta un indulto, con la consigna Paz, Justicia y Libertad. Pero las personas que entregaron las armas fueron asesinadas. En 1957 sale del poder Rojas Pinilla, y los núcleos guerrilleros que se habían negado a entregar las armas se encargaron de defender sus áreas de los grupos armados paramilitares defensores del latifundio; además, crearon experiencias de gobierno comunitario.
Manuel Marulanda Vélez, junto con un grupo de hombres, resistió las acciones del ejército colombiano en Marquetalia en 1964, acciones que contaban con apoyo financiero y militar de Estados Unidos. Eran 16 mil soldados contra 48 campesinos.
A partir de esta semilla, y luego de asambleas y discusiones, nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el propósito de combatir las desigualdades, luchar contra el latifundio y la pobreza. En 1982, las FARC cambian de nombre, y se convierten en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. Esa es, hoy en día, la organización insurgente más importante de Colombia, de izquierda, con más de 10.000 combatientes. Su máximo líder fue Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, quien murió en marzo de este año. Las FARC tienen gran arraigo entre el campesinado.
A partir de 1985, cobró vida una nueva organización democrática impulsada por sectores progresistas de Colombia y por las FARC: la Unión Patriótica, la cual obtuvo escaños en el Congreso y en concejos municipales. Pero las oligarquías y los intereses estadounidenses, de nuevo, arremetieron contra el movimiento popular. El baño de sangre orquestado por la CIA y ejecutado por gobiernos liberales cobró la vida de 4 mil personas. Eran 4 mil dirigentes del Partido Comunista de Colombia, la Unión Patriótica, organizaciones sindicales y opositoras al régimen bipartidista imperante de conservadores y liberales, muy parecido al Pacto de Punto Fijo venezolano.
En la década de 1980, el asesinato político, las masacres de campesinos y las desapariciones se convirtieron en una forma más de apabullar al pueblo colombiano que resistía contra el bipartidismo y los sectores poderosos. Miles de personas han sido desplazadas de sus tierras debido a la violencia. 4.000 sindicalistas han sido asesinados en los últimos 15 años. Colombia es el país más peligroso para las y los sindicalistas, según un informe de la Confederación Sindical Internacional. Sólo en el año 2006 fueron asesinados 78 dirigentes sindicales. Se responsabiliza de estos crímenes a las Fuerzas Armadas y a las organizaciones paramilitares apoyadas por el Estado. Colombia tiene su propio expediente negro en materia de derechos humanos. Hace pocos días, la Corte Constitucional de Colombia resolvió que el Estado colombiano es responsable del desplazamiento forzoso de la población.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos acuñaron, años atrás, el término de narcoguerrilla para referirse a las organizaciones insurgentes. En reiteradas oportunidades, las FARC han asegurado que no cultivan coca, no mantienen laboratorios de procesamiento ni trafican con cocaína. En uno de sus comunicados públicos, la dirigencia de las FARC insistió en su condena al narcotráfico, y recalcó que la mejor forma de combatir los narcocultivos es atacando las causas que los originan; entre otras, la pobreza de la población campesina.
A pesar de esto, por decisión del Presidente George W. Bush, Estados Unidos considera a las FARC una organización terrorista. En consecuencia, también es catalogada como una organización terrorista por el gobierno colombiano.
Desde hace años se ha planteado la necesidad de la negociación entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano, pero todos los intentos de acercamiento han fracasado. El más reciente se registró durante el gobierno del presidente conservador Andrés Pastrana.
Sin embargo, en agosto de 2007, el presidente venezolano Hugo Chávez, por petición de la senadora Piedad Córdoba, aceptó convertirse en mediador, a fin de lograr el canje humanitario. Ese canje humanitario consiste en que las FARC entregan a las personas que han secuestrado (un grupo de 56 personas, entre las que se encontraba la candidata presidencial Ingrid Betancourt), y el gobierno colombiano libera a 500 guerrilleras y guerrilleros, presos políticos recluidos en las cárceles de ese país.